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Desarrollo técnico

• La Paradoja del Patrimonio Hídrico: Cuando el Agua Vale Más que la Tierra

Figura 1. El valor verdadero

En las principales zonas agrícolas de México, los derechos de agua han evolucionado hasta representar frecuentemente un valor patrimonial superior al de los predios que abastecen. En el Valle de Mexicali, un metro cúbico de derecho de agua puede cotizarse hasta $12-15 pesos, mientras que en Guanajuato y Michoacán los valores oscilan entre $8-10 pesos por metro cúbico anual. Esta realidad económica significa que un título de concesión de 500,000 metros cúbicos anuales puede representar un activo patrimonial de $4-7.5 millones de pesos, frecuentemente excediendo el valor de la infraestructura y en algunos casos incluso de la tierra misma.

Sin embargo, esta valoración está condicionada absolutamente a la vigencia legal del título. Un derecho de agua vencido no solo pierde su valor comercial, sino que puede convertirse en un pasivo que compromete la operación completa del predio. La jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha establecido consistentemente que "los derechos vencidos no inscritos en prórroga carecen de efectos jurídicos para terceros", incluyendo específicamente a herederos o adquirentes (TFJA, 2023).

Esta situación crea una vulnerabilidad patrimonial única en el derecho mexicano: activos de valor millonario que pueden perder completamente su eficacia jurídica y económica por el simple transcurso del tiempo combinado con inacción administrativa. Para familias empresariales del sector agrícola, esto implica que la sucesión puede heredar simultáneamente la operación productiva y la imposibilidad legal de continuarla.

Navegando un Laberinto Regulatorio

El artículo 71 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece que "los derechos y obligaciones emanados de un título de concesión o asignación podrán ser transferidos por vía sucesoria o por adjudicación judicial", aparentando simplicidad que oculta una complejidad procedimental extraordinaria. El proceso de transmisión sucesoria requiere coordinación precisa entre derecho familiar, fiscal, administrativo y agrario que excede las capacidades de gestión de la mayoría de despachos generalistas.

La fracción II del artículo 71 exige "acompañar los documentos que acrediten la personalidad de quien ejerza los derechos correspondientes", disposición que en casos de sucesiones complejas puede requerir desde declaratorias de herederos hasta testimonios notariales de adjudicación, sentencias de división de copropiedad, y en ocasiones incluso resoluciones de controversias familiares que pueden tomar años en definirse.

Particularmente crítica resulta la fracción IV que demanda "presentar documentos que acrediten el pago de las contribuciones y aprovechamientos fiscales en materia de aguas nacionales, por el último ejercicio fiscal". Esta disposición significa que herederos deben responder por adeudos del causante, incluyendo multas, recargos y actualizaciones que pueden haber escalado exponencialmente durante procedimientos sucesorios prolongados.

La complejidad se intensifica cuando títulos fueron expedidos bajo regímenes normativos anteriores, sometidos a modificaciones posteriores, o afectados por cambios en nomenclatura administrativa. CONAGUA mantiene expedientes físicos y digitales que frecuentemente contienen inconsistencias, requiriendo procesos de homologación documental que pueden tomar 6-18 meses adicionales.

• El Factor Temporal: Por Qué la Urgencia Define el Patrimonio

Figura 2. La necesidad

Los plazos establecidos en estos procedimiento administrativos marcados por los términos publicados generalmente en DOF, crean una presión temporal que puede determinar el éxito o fracaso de la transmisión. CONAGUA debe resolver solicitudes de transmisión sucesoria "en un plazo de sesenta días hábiles", pero este período se activa únicamente cuando la documentación está completa y cumple todos los requisitos técnicos y legales.

La experiencia práctica demuestra que menos del 20% de las solicitudes iniciales de transmisión sucesoria cumplen completamente los requisitos en su primera presentación. Los requerimientos de información adicional, correcciones documentales, y subsanación de observaciones técnicas frecuentemente extienden el proceso real entre 4-8 meses, período durante el cual el aprovechamiento puede enfrentar restricciones operativas o escrutinio regulatorio intensificado.

En el contexto actual, donde el decreto de facilidades administrativas ofrece una ventana temporal limitada para regularización de títulos vencidos, la coordinación temporal entre regularización y transmisión se convierte en factor crítico. Familias que intenten heredar títulos vencidos enfrentarán la necesidad de completar simultáneamente procesos de regularización y transmisión sucesoria, duplicando complejidad, costos, y riesgos de error.

La estrategia óptima involucra regularizar títulos vencidos inmediatamente bajo el decreto actual, estableciendo base legal sólida que simplifique futuras transmisiones. Esta secuencia reduce riesgos, optimiza costos, y garantiza que la herencia incluya activos hídricos plenamente operativos en lugar de problemas administrativos complejos.

La Sofisticación como Protección Patrimonial

La transmisión directa de títulos de concesión mediante herencia individual presenta vulnerabilidades sistémicas que pueden evitarse mediante estructuras corporativas especializadas. El artículo 50 de la LAN permite que sociedades mercantiles sean titulares de concesiones, creando oportunidades para arquitecturas patrimoniales sofisticadas que separen la operación hídrica de la propiedad personal de los productores.

La constitución de una persona moral sociedad anónima (S.A.P.I. de C.V.) específicamente para la titularidad de derechos de agua permite transmisiones sucesorias mediante acciones societarias en lugar de modificaciones de títulos administrativos. Esta estructura elimina la necesidad de intervención de CONAGUA en cada transmisión generacional, reduciendo tiempos, costos, y riesgos regulatorios.

Las ventajas fiscales incluyen posibilidades de planeación de ISR mediante valuación de acciones, diferimiento de causación fiscal mediante estructuras de usufructo, y optimización de impuestos sucesorios mediante transmisiones graduales durante vida del causante. Para patrimonios hídricos superiores a 1 millón de metros cúbicos anuales, los ahorros fiscales pueden justificar completamente los costos de estructuración corporativa.

Sin embargo, títulos vencidos o irregulares no pueden transmitirse a estructuras corporativas sin enfrentar escrutinio regulatorio que puede detectar y sancionar las irregularidades subyacentes. La ventana actual del decreto representa la oportunidad ideal para regularizar títulos individuales y posteriormente migrarlos a estructuras corporativas optimizadas, estableciendo arquitecturas patrimoniales sólidas para las próximas décadas.

• Casos Forenses: Cuando la Planificación Deficiente Destruye Patrimonio
• Caso Sinaloa 2019: Productor con 1.2 millones de metros cúbicos anuales fallece sin testamento. Sucesión intestamentaria toma 14 meses. Durante este período, título vence sin que herederos puedan solicitar prórroga (requerían personalidad jurídica aún no definida). CONAGUA declaró caducidad. Familia perdió activo valorado en $12 millones de pesos. Recuperación posterior mediante juicio administrativo tardó 3 años adicionales con costos legales superiores a $800,000 pesos.
• Caso Michoacán 2021: Empresa familiar intestada títulos de agua a tres hermanos mediante copropiedad. Uno de ellos emigra a Estados Unidos sin dejar representante legal. CONAGUA requiere firma conjunta para renovación de concesión. Imposibilidad de localizar copropietario resulta en vencimiento. Procedimiento de división de copropiedad y localización de coheredero toma 18 meses. Título perdido permanentemente por imposibilidad de renovación extempóranea.
• Caso Guanajuato 2020: Sucesión incluye título con adeudos de derechos por $180,000 pesos. Herederos desconocían obligación de pago previo a transmisión. CONAGUA suspende trámite hasta liquidación completa incluyendo recargos. Adeudo escala a $340,000 pesos durante proceso. Familia debe vender parte de ganado para cubrir obligaciones fiscales heredadas.
• Estos casos ilustran patrones recurrentes: títulos irregulares magnifican complicaciones sucesorias, plazos administrativos no esperan resolución de controversias familiares, y costos de corrección posterior exceden significativamente inversiones en planificación preventiva.
• La Ventana Estratégica: Decreto 2025

El decreto de facilidades administrativas actual representa una convergencia única de oportunidad regulatoria y necesidad de planificación patrimonial que es posible no se repita en el futuro próximo. Familias empresariales que aprovechen esta ventana pueden establecer simultáneamente bases legales sólidas para operaciones presentes y arquitecturas sucesorias optimizadas para transmisión futura.

La estrategia integral involucra tres fases coordinadas:

Fase I - Regularización Inmediata (Septiembre-Diciembre 2025): Aprovechamiento del decreto para regularizar todos los títulos vencidos del patrimonio familiar, estableciendo vigencia legal uniforme y eliminando pasivos administrativos que complicarían futuras transmisiones.

• Fase II - Estructuración Corporativa (2026-2027): Transmisión de títulos regularizados a estructuras societarias especializadas, optimizando arquitectura patrimonial para eficiencia fiscal y simplicidad sucesoria.
• Fase III - Documentación Testamentaria (2027-2028): Elaboración de testamentos especializados que contemplen características específicas de activos hídricos, incluyendo obligaciones de continuidad operativa, mantenimiento de eficiencias técnicas, y cumplimiento de compromisos ambientales.

Esta secuencia aprovecha la ventana regulatoria actual para establecer fundamentos que simplifican gestión patrimonial por décadas futuras, convirtiendo activos hídricos de fuentes potenciales de conflicto en elementos de solidez patrimonial transgeneracional.