1939: El acto fundacional

El 7 de febrero de 1939, en pleno gobierno del General Lázaro Cárdenas, se firmó el Acuerdo Presidencial que creó oficialmente el Distrito de Riego del Bajo Río San Juan. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril del mismo año, este documento jurídico marcó el inicio de una intervención estatal sin precedentes en el territorio tamaulipeco; transformar mediante irrigación controlada las planicies semiáridas de los municipios de Mier, Camargo y Reynosa en tierras productivas.

El contexto era propicio. México vivía la consolidación del modelo agrario posrevolucionario, donde la irrigación se concebía como instrumento de justicia social y desarrollo económico. La Comisión Nacional de Irrigación antecesora de lo que hoy es CONAGUA impulsaba la construcción de grandes presas y distritos de riego como política de Estado. El Bajo Río San Juan, con acceso al agua del río San Juan y proximidad al Río Bravo fronterizo, reunía condiciones técnicas favorables; topografía relativamente plana, suelos con potencial agrícola y disponibilidad hídrica que justificaba la inversión federal.

Sin embargo, el decreto de 1939 fue solo la declaración de intenciones. La materialización del distrito requería primero una obra de ingeniería monumental; la Presa Marte R. Gómez.

Figura 1. Acuerdo presidencial 1939.

1936-1943: Siete años construyendo esperanza

Tres años antes del decreto oficial, en 1936, ya habían iniciado los trabajos de construcción de la presa sobre el río San Juan en el municipio de Camargo. La magnitud del proyecto era extraordinaria para su época; una cortina de 5,890 metros de longitud y 46 metros de altura máxima, con capacidad de almacenar 1,048 millones de m³ al Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) y 829.9 millones de m³ al Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO).

La obra enfrentó desafíos técnicos propios de la ingeniería hidráulica de los años treinta; diseño de cimentación en suelos aluviales, construcción de vertedores con capacidad de descarga de 11,000 m³/s, instalación de compuertas tipo Taintor, y desarrollo de obras de toma norte y sur con capacidades de 10 y 60 m³/s respectivamente. Todo esto sin la maquinaria pesada, métodos constructivos y tecnologías de cálculo estructural que caracterizarían décadas posteriores.

El 10 de marzo de 1943, la presa se dio por concluida. En mayo del mismo año, el embalse comenzó a llenarse con los escurrimientos del río San Juan, marcando el inicio real de la operación del distrito. La presa recibió el nombre de Marte R. Gómez en honor al ingeniero y político mexicano que impulsó la política nacional de irrigación durante el cardenismo.

Con el agua regulada, las primeras hectáreas comenzaron a regarse mediante el Canal Principal Guillermo Rhode y una red de canales secundarios que se construyeron simultáneamente. La inversión federal había creado la infraestructura; ahora faltaba definir quién sería dueño de la tierra.

Figura 2. Construcción de la presa Marte R. Gómez

1951: La expropiación que definió la tenencia

El 5 de diciembre de 1951, el Ejecutivo Federal emitió un decreto que cambiaría radicalmente la estructura de propiedad del distrito. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 1952, el decreto establecía textualmente: "Se expropian por causas de utilidad pública y en su totalidad, los terrenos del distrito de riego del Bajo Río San Juan, municipios de Mier, Camargo y Reynosa, del estado de Tamaulipas, cuya superficie es de 69,600 hectáreas".

Esta expropiación, fundamentada en el artículo 27 constitucional que declara de utilidad pública la irrigación, tuvo varias consecuencias estructurales. Primero, consolidó la propiedad federal sobre las tierras que serían dotadas mediante colonización agrícola a pequeños propietarios y ejidatarios. Segundo, estableció jurídicamente que el distrito operaría como unidad integral bajo administración estatal. Tercero, definió las 69,600 hectáreas como el núcleo territorial del proyecto de irrigación.

El modelo de distribución de tierras privilegió la pequeña propiedad sobre el ejido, patrón que persiste hasta hoy; de las 79,270 hectáreas actuales, el 82.9% corresponde a pequeña propiedad y solo el 17.1% a tenencia ejidal. Esta decisión respondió a la lógica productivista de la época, que consideraba a los pequeños propietarios con mayor capacidad de inversión y adopción tecnológica que los ejidos colectivos.

1952-1953: Veda hídrica y expansión por bombeo

El 11 de junio de 1952, apenas meses después de la expropiación, un nuevo acuerdo publicado el 2 de julio estableció una medida crucial para la sustentabilidad del distrito; "Se establece por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones de aguas provenientes del río San Juan, en el estado de Tamaulipas y de toda su cuenca tributaria, aguas arriba de la presa Marte R. Gómez".

Esta veda reconocía que la capacidad de regulación de la presa tenía límites, y que concesionar aguas adicionales aguas arriba comprometería la disponibilidad para el riego. El documento también especificó que el distrito tenía "una superficie aproximada de 69,748 hectáreas y está integrada por tres unidades", confirmando la estructura operativa inicial.

Un año después, el 16 de julio de 1953 (publicado el 10 de agosto), un decreto complementario amplió significativamente el alcance territorial del distrito: "Se crea una unidad de bombeo en cada uno de los distritos de riego del Bajo Río San Juan y del Bajo Río Bravo". Para el DR 026, esto significó la creación de las Unidades Cuarta y Quinta, que se riegan mediante bombeos directos del Río Bravo, independizándose del sistema de presas y canales gravitacionales.

El decreto especificó que estas unidades quedarían integradas por "todos los terrenos de propiedad privada, ejidal y particular, y por los terrenos correspondientes a las zonas federales de los ríos Bravo, Álamo y San Juan, que se rieguen por bombeo y que se encuentren comprendidas entre la presa Falcón y la presa Anzaldúas". Esta expansión elevó la superficie del distrito hacia las cifras actuales, creando un sistema híbrido gravedad-bombeo que caracteriza su operación hasta hoy.

Figura 3. Línea de tiempo 1939-1993

1989-1993: El punto de inflexión hídrico

Durante cuatro décadas (1943-1989), el DR 026 operó en condiciones de relativa abundancia hídrica. Las aportaciones medias del río San Juan a la Presa Marte R. Gómez promediaban 720 millones de m³ por ciclo agrícola, permitiendo regar consistentemente más de 70,000 hectáreas. Pero esta situación cambiaría radicalmente.

El 9 de octubre de 1989, el Ejecutivo Federal, el gobierno de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) firmaron un Acuerdo de Coordinación Especial que autorizaba la construcción de la Presa El Cuchillo (también denominada Solidaridad) sobre el río San Juan aguas arriba de la Marte R. Gómez, con el objetivo de abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey.

La construcción se ejecutó vertiginosamente. El 30 de julio de 1993, apenas cuatro años después del acuerdo, la presa entró en operación con una cortina de 10,800 metros y capacidad de 1,123 millones de m³ en su NAMO significativamente mayor que la Marte R. Gómez. El impacto en el distrito fue inmediato y devastador; las aportaciones promedio a la Marte R. Gómez se redujeron de 720 Mm³ históricos a aproximadamente 300 Mm³ en los ciclos posteriores a 1993.

Esta nueva realidad obligó a redefinir por completo la operación del distrito; superficie regable reducida, implementación de políticas deficitarias, búsqueda de fuentes alternativas (construcción de la Presa Derivadora Las Blancas en 2000), e incorporación de aguas residuales tratadas de Monterrey al sistema. El DR 026 transitó de la abundancia relativa a la gestión de la escasez estructural.

Figura 4. Impacto presa el Cuchillo en aportaciones

1992-1993: Transferencia a usuarios, inicio de la autogestión

Paralelo al shock hídrico de El Cuchillo, otro proceso transformador se desarrollaba; la transferencia del distrito a los usuarios. El 1 de diciembre de 1992, la nueva Ley de Aguas Nacionales estableció como política nacional la descentralización de la gestión de distritos de riego mediante su traspaso a asociaciones civiles de usuarios.

Para el DR 026, la transferencia ocurrió en dos etapas. El 5 de noviembre de 1992 se entregaron 12 de los 13 módulos a sus respectivas asociaciones civiles de usuarios recién constituidas. El Módulo V-1 (Asociación de Usuarios de la Quinta Unidad Sistema de Bombeo Mier Falcón, A.C.) se transfirió el 29 de diciembre de 1993, completando el proceso.

La transferencia implicó que las 13 asociaciones asumieron responsabilidades operativas, administrativas y financieras sobre la infraestructura de conducción, distribución y drenaje. CONAGUA conservó la operación de las presas y obras de cabeza, mientras que los módulos se hicieron cargo de canales secundarios, estructuras de control, caminos de operación y drenes. Los usuarios pasaron de ser beneficiarios pasivos a gestores activos del agua.

Esta transformación institucional coincidió con el período de mayor estrés hídrico (post-1993), generando una combinación desafiante; menores volúmenes disponibles y responsabilidad directa sobre la eficiencia de uso. Los módulos debieron aprender rápidamente a operar con restricciones, implementar cuotas volumétricas, sancionar desperdicios y negociar distribuciones equitativas en contextos de escasez.

Hoy, 32 años después de la transferencia, las trece asociaciones civiles de usuarios operan el distrito con autonomía técnica y financiera, participando activamente en programas de modernización como el PNTIR 2025-2028 firmado en 2025.

Figura 5. Estructura modular tras transferencia

De 69,600 a 79,270 hectáreas: evolución de superficie

La superficie del distrito ha evolucionado consistentemente desde su concepción original. El decreto de expropiación de 1951 estableció 69,600 hectáreas como base territorial. La creación de las unidades de bombeo en 1953 sumó áreas adicionales. Incorporaciones graduales de tierras federales, ampliaciones de redes de canales y regularizaciones de predios llevaron la superficie física total a 79,270 hectáreas actuales, de las cuales 76,690 corresponden a superficie de riego y el resto a infraestructura, caminos y zonas no cultivables.

Esta expansión del 14% respecto a la superficie original no fue homogénea. Se concentró principalmente en las unidades de bombeo (IV y V) donde la flexibilidad de extracción directa del Río Bravo permitió incorporar predios sin depender del sistema de presas. Las unidades gravitacionales (I, II, III) mantuvieron superficies relativamente estables, limitadas por la capacidad de conducción del Canal Principal Guillermo Rhode y los canales secundarios.

La distribución actual de 4,865 usuarios en 76,690 hectáreas arroja un promedio de 15.8 hectáreas por usuario, aunque con alta variabilidad; desde pequeños ejidatarios con 5-10 hectáreas hasta propietarios con extensiones superiores a 100 hectáreas. Esta heterogeneidad condiciona las estrategias de tecnificación y asistencia técnica del PNTIR, que debe adaptarse a capacidades diferenciadas de inversión y adopción tecnológica.

Lecciones de 86 años

La historia del DR 026 no es lineal ni triunfalista. Es la historia de una infraestructura que nació en 1939 con optimismo hidráulico, se consolidó entre 1943-1989 con productividad creciente, enfrentó el shock de escasez post-1993, y se reinventó mediante transferencia a usuarios y búsqueda de eficiencia. Cada etapa histórica dejó sedimentos institucionales que persisten; el diseño original de 1936-1943 define aún los límites de conducción, la expropiación de 1951 configuró la tenencia actual, la veda de 1952 protege la disponibilidad, la expansión de 1953 creó la dualidad gravedad-bombeo, y la transferencia de 1992-1993 estableció la autogestión como modelo vigente.

El Programa Nacional de Tecnificación de Riego que inicia en 2025 no es un evento aislado, sino la continuación de 86 años de adaptación continua. La meta de recuperar 90 Mm³ mediante modernización de redes y tecnificación parcelaria responde a la misma lógica fundacional de 1939; usar el agua disponible con la mayor eficiencia posible para sostener la agricultura en un territorio que sin irrigación volvería al desierto.

Los próximos artículos explorarán cómo esa infraestructura histórica, canales octogenarios, compuertas centenarias, parcelas trazadas en los años cuarenta, puede y debe modernizarse para responder a los desafíos hídricos del siglo XXI.

Continúa en el próximo artículo: "Infraestructura Mayor del DR 026: Canales, Presas y Redes de Conducción"